DEL CASO ESCUINAPA AL CASO CULIACÁN
*Dos gotas de agua, casos idénticos, decisiones iguales para “salvar” vidas, resultados distintos
Redacción
Enero de 2016, en un domicilio de la ciudad de Escuinapa, Sinaloa, una familia solicitaba la presencia de la policía municipal, reportaban la intromisión de personas armadas a su domicilio y que se querían “llevar” por la fuerza a uno de sus moradores.
La acción fue grabada en video en celular de una de las señoras de la casa, momentos después y aún con el grupo armado dentro de la vivienda, llegaron los elementos de la Policía Estatal y Municipal, solo siete agentes en dos patrullas, encontrándose con un grupo armado de más de veinte delincuentes, que los superaban en todo, en armamento, en número, en unidades motrices, los rebasaban en todo, los agentes fueron amenazados y prefirieron o decidieron permanecer como simples espectadores, retirarse del lugar, nada podían hacer.
En ese entonces, los policías manifestaron que decidieron no actuar porque estaban en riesgo sus vidas y las de las demás personas de ese domicilio e incluso toda la cuadra, no nada más la familia que requirió el auxilio policiaco, sino de todos los vecinos del lugar, puesto que los sicarios mantenían un cerco de seguridad taponeando los accesos, de haber enfrentado a los pistoleros hubiesen muerto los policías todos, así como muchos civiles, el actuar de los oficiales en ese entonces, fue idénticamente igual a la decisión tomada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora en el caso Culiacán, “Para salvar vidas”, para evitar una “masacre”, por eso se abortó el operativo, por eso se liberó al personaje detenido, aunque reconoció que a pesar de los catorce muertos, los incendios de vehículos, los más de trescientos millones de pesos en pérdidas materiales, son daños colaterales menores a lo que hiera ocurrido si no abortaban la misión, correcto y aplaudible salvar vidas, el presidente actuó con un sentido justiciero para la sociedad, en lugar de ejecutar la ley a secas, la gente no quiere sangre, mucho menos masacres. Igualmente en el caso Escuinapa, los policías optaron por el daño colateral menor, la muerte del levantado.
Pero entonces, ¿dónde queda la congruencia gubernamental?, ¿dónde queda la equidad en la aplicación pareja de la discrecionalidad en los casos análogos?, donde el cumplimiento de un deber mandatado por la ley, por las circunstancias es de imposible cumplimiento, volviendo al caso ocurrido en Escuinapa, cuando los reducidos policías prefirieron con inteligencia o más por miedo que inteligencia, no enfrentar al numerosos grupo armado y que eso originara que los malandrines se llevaran a un hombre de 27 años de edad, de nombre Elías Constantino, que más tarde fuera encontrado muerto en una carretera del sur de Sinaloa, éstos –los policías- fueron detenidos, judicializados y presos, y sentenciados a cadena “perpetua”, a pesar de que con la acción pasiva en el hecho, salvaron vidas igual que hoy lo hace el presidente y el gabinete de seguridad federal.
Desde esos días de inicios del 2016, tres años después, son siete familias sufriendo penurias, igual número de presos purgando condenas de culpas ajenas, culpas de gobiernos indolentes e ineficacias oficiales de funcionarios encargados de la seguridad de los ciudadanos, pero que para lavarse las manos y disfrazar su ineptitud, prefirieron sacrificar y condenar a humildes policías, mandaron al sacrificio por décadas presos a servidores públicos que no tuvieron oportunidad de accionar nada, por falta de armamento, equipo, preparación y sobre todo no contaron con refuerzos, no los ayudaron, mientras que los verdaderos responsables que son los mandos de la época, bien y gracias, a gusto, cómodamente en sus casas disfrutando de los frutos obtenidos.
En este caso de Escuinapa, emblemático también por sus resultados negativos, aunque mucho más pequeño que el caso Culiacán, es idénticamente igual, tal vez no se cumplió con la ley, pero el dejar de actuar salvaron muchas vidas, se evitaron en ambos una masacre, así pues, sí existe congruencia en la ahora Fiscalía General de Justicia, antes Procuraduría General de Justicia, igual en el Gobierno Federal y Estatal, de inmediato deberían pensar en otorgar un desistimiento de la acción penal ejercida de manera abusiva contra los siete policías, por ser éstos los menos culpables de los hechos, víctimas también de las circunstancias y de las ineptitudes del gobierno, de los gobiernos de la mafia del poder, de los conservadores, de todo lo que señala el presidente Andrés Manuel López Obrador, es entonces que el presidente debe ordenar la revisión de este caso en particular y “avalar” la liberación inmediata de esos pobres policías.
